"Las corporaciones locales son más opacas. Sus personales se hinchan para crear una red cliente lar que facilita ganar más elecciones", señala Julio Embid, politólogo de la Fundación Alternativas. Y eso explica que anide menos corrupción en el Gobierno central y se detecte antes, y que campe a sus anchas en CCAA y ayuntamientos. "¿Qué tipo de corrupción es más posible, y más peligrosa, en el Estado? inquiere Villoria. Las cesiones a los grupos de presión, los lobbies"
¿Qué controlan?: Lo que queda fuera de la lupa
Fraccionamiento de contratos. ¿Le suena? Era el procedimiento habitual (e ilegal) que presuntamente utilizaron los gobiernos de Madrid y Valencia con las empresas de la trama Gürtel. Esto es, fracturar las adjudicaciones para que su importe nunca excediera del tope fijado para los contratos menores 18.000 euros desde 2007; 12.020 euros antes.
Esos contratos menores se han probado como una de las trampas del sistema. Se otorgan a dedo, sin concurso de por medio y no están sujetos a la fiscalización previa de los interventores. Estos sólo los verifican las facturas a posteriori. Si sospechan un fraccionamiento ilegal, lo advierten al gestor, al político. "Pero no pasa nada, no paralizas nada", indica Gómez Condado.
Los contratos menores, pues, escapan de ese filtro. Y también lo esquivan las adjudicaciones que suscriban los entes instrumentales. Su gestión es auditada después, nunca antes. Y ese es, convienen los expertos, el gran coladero. Así pasó con Nóos. La Fundación Illesport o el Institut Balear de Turisme pagaron al conglomerado de Iñaki Urdan-garin. Igual que Valencia vehiculó a través de la empresa pública Ciudad de las Artes y las Ciencias un contrato con Santiago Calatrava para que diseñara unas torres jamás hechas. Y por ese proyecto fantasma Francisco Camps pagó 15 millones de euros.
Concursos y subvenciones
Los concursos también se pueden retorcer. Con pliegos de condiciones escritos casi para otorgarle el expediente a una empresa, que se presenten compañías que hacen de comparsa o primando las razones subjetivas (la estética de un proyecto, por ejemplo). Trucos detectados en laGürtel o en el caso Nóos. "Puedes advertir que se bareman en exceso los criterios subjetivos o sospechar que hay empresas pantalla, pero es una decisión del gestor. Y si el informe técnico no está bien soportado, votas no en la mesa de contratación. Ahí sí es más difícil que el expediente salga adelante", relata Gómez Condado.
Otra trampa, dice Villoria, está en los modificados de obra. El ejemplo claro es el velódromo Palma Arena, presupuestado en 48 millones y que al final costó más de cien. Los interventores sí pueden avisar de que se está disparando el coste de la obra. "Pero a ti te lo justifican con informes técnicos. Puedes temer que algo pasa, pero ya no puedes paralizar ni fundar si está habiendo enriquecimiento ilícito".
¿Qué puede mejorar?: Las recetas para el mañana
"En los países con menores niveles de corrupción, los empleados públicos pueden actuar de forma más activa, no sólo pasiva. En España, toda la cadena de producción de una decisión pública depende de un cargo político", subraya Víctor Lapuente, politólogo y profesor del Quality Government Insti-tute de la Universidad de Gotemburgo (Suecia). Este analista cree que faltan incentivos para los whistleblowers, los delatores. "Hay que proteger la privacidad de aquellos funcionarios o subordinados que denuncian". Gómez Condado apunta que los interventores pueden elevar sus sospechas a sus superiores, al Tribunal de Cuentas o a la Fiscalía. ¿Temen represalias? "No, pero no muchas veces se denuncia, a no ser que esté muy claro".
España ocupa el puesto 31 de los 182 países evaluados por Transparencia Internacional. Y su grado de percepción de la corrupción se sitúa en el 6,2 de una regla que llega al diez. Como alega Jiménez, está asentada aquí la conciencia de que "esto funciona así", de que "es el sistema". De que la corrupción, en fin, "es inevitable"
ECHA LA LEY ECHA LA TRAMPA QUE VERGÜENZA DE POLÍTICOS
No hay comentarios:
Publicar un comentario